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Un sistema que invita a la vulnerabilidad, no a la transparencia

¿Por qué el Estado publica tu dirección para que cualquiera sepa dónde votas?

Hace unos días, mientras revisaba un formulario en línea de una institución gubernamental chilena, me topé con algo que, en otro contexto, podría parecer inofensivo. Pero en el mundo real —el de las amenazas reales, los acercamientos no deseados y los patrones de control—, lo que vi no fue un simple dato administrativo. Fue una puerta abierta.

En Chile, cualquier persona con acceso a internet puede ingresar su RUT (o el de otra persona) en una plataforma oficial y obtener, en segundos, información detallada sobre su lugar de votación: nombre completo, circunscripción, distrito, país, estado de habilitación para sufragar… y, lo más revelador, la dirección exacta del local de votación, junto con el número de mesa asignado.

No hay autenticación. No hay verificación de identidad. Solo un campo de texto, un captcha que cualquiera puede resolver, y listo: toda la información pública de tu voto está disponible para quien quiera buscarla.

Y lo más sorprendente: nadie parece haberlo cuestionado con seriedad.

¿Qué significa esto en la práctica?

Imaginemos por un momento que no estamos hablando de un sistema electoral, sino de un servicio bancario. Si un banco permitiera que cualquiera ingresara tu RUT y obtuviera tu dirección de residencia, el número de tu cuenta, tu historial de movimientos y hasta el lugar donde realizaste tu último retiro, ¿qué diríamos? Lo llamaríamos una falla catastrófica de seguridad. Un escándalo. Una violación flagrante de la privacidad.

Pero cuando se trata de votar, de participar en la democracia, de ejercer un derecho fundamental… de repente, todo eso deja de importar. Se justifica como “transparencia”, como “acceso a la información pública”. Como si la transparencia tuviera que venir siempre a costa de la seguridad personal.

La verdad es que este sistema no protege al votante. Lo expone.

La vulnerabilidad no es teórica. Es cotidiana.

Piensa en alguien que vive en una relación tóxica o violenta. Alguien que ha denunciado a su pareja, que ha cambiado de casa, que ha solicitado medidas de protección. Esa persona, en el día de la votación, debe ir a un lugar público, identificado por su nombre y dirección, en un horario conocido. Y cualquiera puede saberlo, solo con ingresar su RUT.

Piensa en un trabajador que ha denunciado irregularidades en su empresa. O en un activista que ha participado en protestas sociales. O en una persona que ha recibido amenazas por su orientación sexual o sus creencias políticas. Para ellos, la posibilidad de que alguien sepa dónde estarán en un momento determinado, sin necesidad de hacer nada más que usar un buscador oficial, no es un detalle técnico. Es un riesgo real.

Y no estoy exagerando. En otros países, sistemas similares han sido objeto de críticas y reformas precisamente por esta razón. Porque la democracia no se fortalece exponiendo a quienes la ejercen. Se fortalece protegiéndolos.

¿Y por qué nadie dice nada?

Aquí es donde el asunto se vuelve aún más desconcertante. Este sistema lleva años funcionando. No es nuevo. No es un error reciente. Es parte de la infraestructura electoral desde hace décadas. Y sin embargo, no hay debates públicos serios al respecto. No hay campañas de concientización. No hay propuestas legislativas para modificarlo.

¿Por qué?

Quizá porque, en el fondo, nos hemos acostumbrado a pensar que “si no haces nada malo, no tienes nada que temer”. Como si la privacidad fuera un privilegio para quienes tienen algo que ocultar, y no un derecho inherente a todos.

O quizá porque, en el imaginario colectivo, votar es un acto tan sagrado que no puede ser tocado por preocupaciones mundanas como la seguridad personal. Como si la democracia fuera incompatible con la protección de quienes la practican.

Pero la democracia no es un ritual. Es un sistema vivo, que debe adaptarse a las realidades del mundo en el que opera. Y en este mundo, la exposición de datos personales tiene consecuencias tangibles.

¿Y si lo enfocamos desde otro ángulo?

Me pregunto: ¿qué pasaría si alguien planteara este mismo problema desde la perspectiva de la violencia de género? Si alguien dijera: “Este sistema pone en riesgo a las mujeres que han denunciado a sus agresores, porque les permite saber exactamente dónde estarán en un día determinado”.

Apuesto a que, en ese caso, el gobierno de turno sí prestaría atención. Habría reuniones de emergencia. Comités técnicos. Notas oficiales. Quizá hasta una ley urgente.

¿Por qué? Porque la violencia de género es un tema que, por fortuna, ha ganado visibilidad y prioridad en la agenda pública. Pero eso no significa que los demás riesgos sean menos importantes. Solo que están menos visibilizados.

Y eso es precisamente lo que me preocupa: que los problemas que no tienen un rostro visible, o que no están asociados a causas populares, simplemente se ignoran. Aunque impliquen un peligro real.

¿Cómo funciona en otros países?

Curiosamente, en muchos países democráticos, la información sobre el lugar de votación no es pública de forma tan accesible. En algunos casos, se entrega solo a través de notificaciones personales (por correo, SMS o correo electrónico). En otros, se requiere autenticación previa para acceder a esos datos. Y en algunos, ni siquiera se publica la dirección exacta del local, sino solo el nombre del establecimiento o la comuna.

No es que estén ocultando información. Es que entienden que la transparencia no implica exponer a los ciudadanos. Que la confianza en el sistema electoral se gana con seguridad, no con exposición.

En Chile, en cambio, parece que el sistema prioriza la facilidad de acceso sobre la protección del individuo. Como si la conveniencia de encontrar tu local de votación valiera más que el riesgo de que alguien te encuentre a ti.

¿Qué propongo?

No estoy sugiriendo que se elimine la transparencia electoral. Al contrario: creo que es fundamental. Pero también creo que debe ser inteligente. Que debe tener límites. Que debe considerar el contexto real en el que viven las personas.

Propongo tres cambios mínimos pero urgentes:

1. Autenticación obligatoria: Para acceder a los datos de votación, se debería requerir una verificación de identidad más robusta que un simple captcha. Quizá mediante clave única, token móvil o autenticación biométrica.
2. Restricción de datos sensibles: La dirección exacta del local de votación no debería ser pública. Basta con el nombre del establecimiento, la comuna o la calle principal. El detalle fino puede entregarse solo al votante directamente, por canales seguros.
3. Alertas de riesgo: Para personas en situaciones de vulnerabilidad (denunciantes, víctimas de violencia, activistas), debería existir un mecanismo para solicitar la confidencialidad de su lugar de votación, sin necesidad de justificarlo.

Estos cambios no son imposibles. No son costosos. Son simples ajustes tecnológicos y legales que podrían implementarse en cuestión de meses. Lo que falta no es capacidad técnica. Lo que falta es voluntad política.

Finalmente: ¿y tú?

Si vives en Chile, tal vez ya lo sabías. Tal vez lo usaste alguna vez para encontrar tu local de votación. Tal vez nunca pensaste en las implicaciones. Está bien. No se trata de culpar a nadie. Se trata de abrir los ojos.

Y si vives en otro país, pregúntate: ¿cómo funciona allí? ¿Puedes encontrar la dirección de votación de cualquier persona con solo ingresar su documento de identidad? ¿Hay algún tipo de protección para quienes están en riesgo?

Porque este no es un problema chileno. Es un problema global. Un problema de diseño. De ética. De sentido común.

Y mientras más personas lo cuestionen, más probable será que cambie.

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