No creo que esté bien planteada la ley de data privacy que se implementará en chile
Chile se prepara para un hito regulatorio: el 1 de diciembre de 2026 entrará en vigencia la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales. En el papel, suena impecable. Moderniza una normativa obsoleta, crea una agencia fiscalizadora y alinea al país con estándares globales. Pero entre los lineamientos técnicos y las buenas intenciones se esconde una bomba de tiempo para miles de emprendedores.
La ley establece multas que alcanzan las 20.000 Unidades Tributarias Mensuales por infracciones gravísimas, una cifra que supera el millón y medio de dólares estadounidenses.
El problema no es la existencia de sanciones, sino su aplicación desproporcionada frente a realidades disímiles. Una startup de cinco personas y un conglomerado multinacional enfrentarán el mismo marco punitivo por errores similares. ¿Dónde queda el principio de proporcionalidad?
Peor aún: el texto legal abre espacios ambiguos que especialistas ya anticipan como caldo de cultivo para litigios estratégicos. Cuando cualquier tratamiento de datos requiere consentimiento explícito, documentación exhaustiva y designación de delegados, se crea un ecosistema donde el cumplimiento perfecto es casi imposible. Y donde hay imposibilidad, nace la oportunidad para quienes convierten el incumplimiento ajeno en modelo de negocio.
No se trata de oponerse a la privacidad digital. Todos merecemos control sobre nuestra información. Pero una regulación efectiva educa, acompaña y sanciona con inteligencia. No castiga con la misma vara al comerciante que anota nombres en una libreta que a la plataforma que vende perfiles de comportamiento. La diferencia entre proteger al ciudadano y criminalizar al emprendedor es sutil, y Chile parece estar cruzando esa línea sin darse cuenta.
Mientras Europa implementó su GDPR con períodos de adaptación graduales y guías sectoriales específicas, aquí se impone un estándar único con plazos rígidos. Las pymes, motor de nuestra economía, deberán destinar recursos escasos a compliance en lugar de innovación o creación de empleo. ¿Protegemos datos o sofocamos el tejido productivo?
El debate real no es si necesitamos esta ley, sino cómo aplicarla sin convertir a cada empresario en rehén de abogados que monetizan cada coma regulatoria. La privacidad importa. Pero también importa que Chile siga siendo un país donde emprender no equivalga a jugar ruleta rusa legal.
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